¿Te pondrías en las manos de un cirujano que lleva varios días seguidos trabajando al mismo tiempo que está de guardia? La respuesta, casi unánimemente, sería un rotundo NO. Entonces, ¿por qué dejarías que decida tu disfrute de la libertad o entrada a prisión un juez que apenas ha tenido horas de descanso, que está agotado físicamente y saturado psicológicamente?
Esta fue una de las comparaciones en las que algunas personas especialistas en derecho (juristas) basaban y justificaban las protestas y paros que el pasado jueves 5 de abril se iniciaron los jueces, magistrados y funcionarios de la Administración de Justicia con el fin de conseguir una modificación de las condiciones en las que este colectivo de trabajadores desarrolla sus importantes funciones. Paros y reivindicaciones que, por otra parte, se seguirán reiterando jueves tras jueves hasta que el Gobierno cumpla con su palabra de negociar y cambiar varios aspectos de la Justicia española que, entre muchos aspectos, afectan a la calidad de vida laboral de sus trabajadores.
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La mayoría de los españoles opinan que la justicia en España es lenta. Sin embargo, pocos conocen que el número de jueces en nuestro país es menor a la mitad de la media europea: 21 jueces por cada 100.000 habitantes de media europea frente a 11 en España. Por ello, una de las causas de tal lentitud es el colapso en los juzgados; los jueces y magistrados tienen una gran cantidad de casos que enjuiciar, casos que, además, pueden verse dilatados en el tiempo por razones diversas como la práctica de pruebas, incomparecencia de testigos claves que hacen que se suspenda la vista programada, etc. De ahí que una de las medidas que se solicitan desde CSIF y STAJ, entidades promotoras de los paros semanales, de la manifestación convocada para el 14 de abril y de la huelga del 22 de mayo, es la creación de más puestos de trabajo. En concreto, reclaman la creación de 300 nuevas plazas de juez y fiscal.
Otra de las reivindicaciones que solicitan los jueces y fiscales está relacionada con la remuneración, tanto económica como el salario emocional. Exigen una equiparación de salarios entre todos los miembros de la Administración de Justicia, de tal manera que no se cobre un porcentaje de más por el simple hecho de prestar servicios en una Comunidad Autónoma u otra. A veces, la diferencia económica por este complemento llega a alcanzar 500€ mensuales. Igualmente, se exige la revisión y actualización de los salarios en general, de tal forma que se aumenten hasta niveles de 2010, año en el que se reunió, por última vez, la Mesa de Retribuciones.
Por su parte, en lo relativo al salario no económico, se ponen de manifiesto las dificultades que, a veces, tiene estos trabajadores para poder llevar a cabo una buena conciliación; especialmente en aquellos en los que, además de la jornada ordinaria y las horas que conlleva la preparación del juicio, deben realizar guardias. Es decir, se exige al Gobierno que entre las reformar que ha de llevar a cabo para mejorar la justicia, incluya la promoción y aplicación de medidas de conciliación.
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| Documentos relativos a diversos casos pertenecientes al Juzgado de lo Mercantil |
También se exige para mejorar la CVL de este colectivo la modernización de la Administración de Justicia, de tal manera que permita obtener una justicia de calidad y efectiva. Esta exigencia está muy relacionada con las anteriores, pues implica una calidad y rapidez en la respuesta que se da al conflicto planteado y se conseguiría con una ampliación del personal que, a su vez, permitiría una mayor compatibilidad con la vida privada. También requeriría esta propuesta una inversión en los medios; así, por ejemplo, la información necesaria o contenida en los procedimientos se obtendría y recopilaría, principalmente, en soportes electrónicos evitando cargar con una gran cantidad de folios. A su vez, tal medida implicaría una formación para el personal para que, así, sean más ágiles con estos sistemas implantados, aunque de forma muy escasa.
Como última medida propuesta se exige al Gobierno un refuerzo en la independencia judicial del CGPJ, cuyos miembros son elegidos por las Cámaras Legislativas. Esto supone una dependencia, a veces –y a mi parecer–, de sumisión a las ideas del partido seleccionador, lo que hace que se conciba en la sociedad la idea de la justicia politizada. También se trata de promover la independencia de los medios de comunicación pues, a veces, los casos están tan mediatizados que se entorpece el criterio del órgano juzgador.
Las reivindicaciones ya se iniciaron en octubre de 2017, cuando se presentó ante el Gobierno una proposición de Ley que tenía como objetivo la modificación de la LOPJ, proposición que no ha recibido el trato que aseguró el Gobierno.
Berbell, C. (17 de junio de 2017). ConfiLegal. Recuperado el 10 de abril de 2018, de ConfiLegal:
CSIF, STAJ, CCOO, & UGT. (5 de marzo de 2018). Recuperado el 10 de abril de 2018, de
España, T. I. (2018). Transparencia Internacional España. Recuperado el 10 de abril de 2018, de Transparencia Internacional España:
Rodríguez Vidales, Y. (4 de abril de 2018). ConfiLegal. Recuperado el 6 de abril de 2018, de ConfiLegal:
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