Con la llegada de la crisis, se nos ha intentado instalar a los ciudadanos un nuevo mantra, fundamentalmente a los jóvenes: “¡el futuro está en el emprendimiento!”. Se ha asociado creación de riqueza con trabajo autónomo o por cuenta propia, pero los datos reflejan otra cosa. Y lo que es aún peor: esos malos datos, lamentablemente, pasan factura en la calidad de vida laboral (CVL) de los trabajadores autónomos.

El pasado 15 de febrero, se celebró en la sede del Consejo Económico y Social, en Madrid, un simposio al que tuve el privilegio de asistir, y que llevaba por nombre La respuesta de la Ley 6/2017 ante los retos del trabajo autónomo. A este acto convergió un amplio e interesante elenco de profesionales del mundo de la Seguridad Social – incluyendo magistrados del Tribunal Constitucional, representantes de las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas y miembros de distintas corporaciones o entidades públicas adscritas al Ministerio de Empleo y Seguridad Social – que nos hicieron partícipes de su particular visión crítica de la situación que viven los autónomos en nuestro país, y que dada su relevancia y la relación con la temática de este blog, hemos considerado apropiado traer a colación algunas de sus reflexiones, humildemente comentadas por nosotras y contrastadas con datos de fuentes oficiales, lo que se hará en distintas entradas, dada la variedad de subtemas que se trataron.

Antes de abordar el nudo gordiano de esta entrada, y para poder entender la precaria situación de los emprendedores/autónomos en España, conviene explicar que la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo ha venido a modificar la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (LETA). Obsérvese que el texto modificador lleva por título la expresión “reformas urgentes”, lo que hace pensar que conducirá a renovaciones de cierto calado en el régimen del trabajador por cuenta propia, por otro lado muy necesarias si tenemos en cuenta la importante contribución que hacen a la sociedad española estos trabajadores – habida cuenta de que las PYME constituyen casi la totalidad del tejido empresarial español – y la escasa protección de sus derechos en materia de Seguridad Social – que, no olvidemos, constituye un derecho constitucional para todos los trabajadores ex artículo 41 de la Constitución Española, cuestión que se tratará en profundidad en otra entrada de este blog –. No obstante, tal y como señalaba en el acto aludido el Doctor y Magistrado del Tribunal Constitucional don Fernando Valdés Dal-Ré, esa reforma se ha limitado a la materia representativa, quedándose en realidad casi vacía de contenido porque, por ejemplo, a día de hoy este colectivo sigue sin detentar representación en el Consejo Económico y Social.

Pero centrémonos en lo que nos atañe. La sociedad en general, y los políticos en particular, nos empujan – sobre todo a los jóvenes – hacia el emprendimiento como una panacea para esta crisis. Para facilitar el gran paso al emprendedor, se pone a su disposición la llamada tarifa plana, aplicada sobre las cotizaciones a la Seguridad Social, que muy a groso modo se puede resumir en que durante  los primeros 24 meses, el autónomo va a cotizar menos a la Seguridad Social por Contingencias Comunes, y de esos 24 meses, los 12 primeros solo tendrá que pagar 50 euros.

Problemas de esta tarifa plana:

Desmintiendo un mito: el emprendimiento no es sinónimo de riqueza

Los países con un PIB per cápita más alto (Suecia, Luxemburgo, Dinamarca e Irlanda), son aquellos que presentan un menor índice de autónomos; mientras que los países más azotados por la crisis y con peores resultados económicos (Grecia, Italia y España), lideran la lista. Más aún: mientras todos los estados miembros han ido bajando durante los últimos cinco años el número de trabajadores por cuenta propia, España lo ha incrementado hasta situarse, a diciembre de 2017, en el 16% del conjunto de los trabajadores, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Los datos publicados a mediados de 2017 por la Comisión Europea en su estudio anual sobre el empleo y la evolución social (ESDE) no son más alentadores. A la luz de estos, el 35% de los autónomos españoles de entre 25 y 39 años estaba en riesgo de pobreza en 2014, solo por detrás de Rumanía (54%). Lo más curioso del informe es que esa elevada tasa de pobreza entre autónomos jóvenes españoles baja 12 puntos (23%) en el colectivo de autónomos que superan los 40 años.

Con estas referencias no es de extrañar que el índice de absentismo sea muy bajo en los trabajadores por cuenta propia si lo comparamos con el de los asalariados, y que sea mayor el porcentaje de autónomos que deciden no ausentarse del trabajo aun en caso de enfermedad (71,7% de autónomos frente a un 67,3% de trabajadores asalariados). Es más, en el estudio anual del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT), Perfil sociodemográfico, siniestralidad laboral y condiciones de trabajo (diciembre de 2017), se recoge que el 47,1% de los trabajadores autónomos ha trabajado en los últimos 12 meses padeciendo alguna enfermedad.

En cuanto a la conciliación, los trabajadores asalariados llevan indiscutible ventaja a los autónomos, a la vista de la siguiente tabla:

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT)

Esperamos que esta información os haya resultado interesante y os invitamos a compartir con nosotras vuestras opiniones al respecto.

Fuentes